El gobernador Rubén Rocha Moya, con ese aire decidido que suele florecer cuando un problema se le sale del guion oficial, anunció este lunes 23 de junio de 2025 que Aeroméxico ha suspendido sus vuelos AM 246 y AM 247 a Culiacán… o para ser más explícitos: no los canceló la aerolínea, sino el sindicato, que impuso “no pernocta” en la capital sinaloense. Según el mandatario, la orden sindical protege a pilotos y sobrecargos de la “inseguridad” que acecha el traslado aeropuerto–hotel.
Veamos el verdadero trasfondo: no es un debate sobre horarios o rentabilidad, es una alerta roja desde el personal en tierra, que se niega a llegar vivos al alojamiento, se trata de un reconocimiento tácito: Culiacán ya no es un destino turístico ni un centro de negocios digno de confianza, sino un escenario en el que incluso los guardianes del transporte aéreo saben que su vida podría estar en juego.
Rocha Moya dice ahora que está gestionando “un acuerdo” y promete la presencia de seguridad estatal (y quizá federal) para garantizar traslados. Un gesto urgente, sí, pero también revelador, si hacen falta escoltas para un vuelo doméstico, estamos muy lejos de la “Rosa de Guadalupe” que presume el gobierno. No es un capricho salarial del sindicato: se trata de una respuesta lógica a hechos que, aunque no recientes, siguen sin resolverse. Vale la pena recordar que en enero de 2023, cuando cayeron balas sobre aviones de Aeroméxico, el aeropuerto cerró por dos días.
Y mientras se erige esta puesta en escena pública (con promesas de inversión de 635 a 900 mdp para reforzar el aeropuerto), los ciudadanos ven reflejada su propia precariedad: en esas pasarelas clandestinas de la violencia criminal, donde “la normalidad” se reduce a pases marciales de soldados o cámaras que nunca funcionan en tiempo real.
Este episodio debería remover ese decorado de “seguridad restablecida” que acompaña cualquier anuncio oficial, no estamos ante caprichos ni excusas de sindicalistas, sino ante una realidad latente: el miedo institucionalizado. Las aerolíneas no quieren riesgos, y menos en un momento en que la corporación de pilotos y sobrecargos actúa como un termómetro certero del clima social.
¿La solución? No confiar todo a una escolta puntual para viajeros de Clase Ejecutiva, se necesita un cambio estructural, con inteligencia policial proactiva, desmantelamiento de células criminales, transparencia en el gasto para infraestructura y sobre todo, un gobierno que deje de fingir que basta “invertir en mejoras” para cambiar una narrativa. Porque si el sindicato impone a toda una aerolínea no pernoctar en una capital estatal, no es una orden: es un grito de alerta al Estado.
