México .- El gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, reafirmó su postura contra la corrupción al presentar cifras de atención ciudadana, denuncias e iniciativas institucionales. La administración destacó que más de 8 mil 600 personas han sido atendidas mediante la Unidad Móvil para la Atención de Quejas y Denuncias, una estrategia que, según el gobierno, busca acercar la contraloría social a comunidades históricamente relegadas.
De acuerdo con la administración estatal, se han registrado mil 880 quejas, denuncias y solicitudes, las cuales fueron canalizadas a diversas instancias. Sin embargo, no se precisó cuántas de ellas derivaron en sanciones o resultados concretos, uno de los puntos que organizaciones civiles han señalado como indispensable para medir el impacto real de estas políticas públicas.
El gobierno también informó que Baja California se adhirió a los 10 pilares del Nuevo Modelo de Prevención y Combate a la Corrupción impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, alineándose a un enfoque federal que prioriza la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana. En este marco se firmó el Pacto Estatal de Combate a la Corrupción, un acuerdo que pretende coordinar esfuerzos entre autoridades estatales y municipales para garantizar servicios públicos sin abusos.
La administración destacó además la integración de 667 comités de contraloría social, más de 1,300 sesiones del Comité de Adquisiciones y la operación del programa Jóvenes Vigilantes Sociales, que dice haber involucrado a más de 6,000 estudiantes. No obstante, estos mecanismos también han sido cuestionados por su limitada capacidad para incidir en procesos donde históricamente han prevalecido prácticas discrecionales.
Ávila Olmeda informó que se han presentado 51 denuncias ante fiscalías anticorrupción estatales y federales, de las cuales solo 18 han sido judicializadas. Aunque el gobierno subraya que actúa con respeto a la autonomía de las dependencias encargadas, la lentitud y la baja proporción de casos que avanzan mantienen dudas sobre la efectividad real de estas acciones.
La administración estatal hizo un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando actos de corrupción a través del Sistema para la Atención de Quejas y Denuncias. Sin embargo, el desafío continúa siendo garantizar que esos reportes no solo se registren, sino que deriven en consecuencias claras y verificables.
