Por Redacción | Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.
Con amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma para limitar las denominadas pensiones doradas en organismos públicos como Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro, en medio de protestas de pensionados que se manifestaron a las afueras del recinto legislativo.
El dictamen, avalado con 458 votos a favor, modifica el Artículo 127 constitucional y establece que las pensiones de exfuncionarios de confianza no podrán superar el 50% del salario de la titular del Ejecutivo federal. Con ello, los nuevos montos quedarían por debajo de los 70 mil pesos mensuales.
Mientras se desarrollaba la discusión en San Lázaro, grupos de pensionados exigieron frenar la reforma, argumentando afectaciones a sus ingresos. No obstante, el proyecto impulsado por el gobierno federal plantea que los ajustes no se aplicarán de manera retroactiva, por lo que los beneficios actuales se mantendrán, aunque no podrán replicarse en futuros casos.
Durante el debate, legisladores de Movimiento Ciudadano manifestaron respaldo a la intención de eliminar privilegios, pero advirtieron riesgos legales si se vulneran derechos adquiridos. Señalaron que una aplicación retroactiva podría detonar amparos masivos, generar incertidumbre jurídica y elevar costos para el Estado.
La reforma forma parte de una estrategia basada en los principios de austeridad, responsabilidad financiera y reducción de beneficios extraordinarios en el sector público. De acuerdo con el Ejecutivo, el objetivo es evitar que recursos públicos financien esquemas de retiro considerados desproporcionados frente al ingreso promedio de la población.
Datos oficiales revelan que en empresas como Pemex y CFE existen miles de pensionados cuyos ingresos superan el salario presidencial, lo que representa un gasto anual de miles de millones de pesos. En algunos casos, las pensiones alcanzan hasta un millón de pesos mensuales.
Autoridades sostienen que el ajuste busca equilibrar el uso de recursos públicos y contener erogaciones elevadas en organismos del Estado, mientras el debate continúa en lo particular con reservas presentadas por distintas fuerzas políticas.
