Por Redacción | Tijuana, Baja California, 20 de abril de 2026.
Un video de seguridad de poco más de 10 segundos puso en entredicho la versión difundida por el diputado local del PAN, César Israel Damián Retes, quien aseguró haber sido víctima de un “atentado” y responsabilizó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y al alcalde Ismael Burgueño por la seguridad de su familia.
De acuerdo con el material captado por una cámara de vigilancia, un hombre ingresó corriendo al patio de un domicilio para arrebatar un objeto, presuntamente un teléfono celular, a una mujer que aparentemente realizaba labores domésticas. En las imágenes no se aprecia el uso de armas ni una agresión de mayor escala, por lo que el hecho se perfila más como un robo directo que como un ataque con motivación política.
La grabación comenzó a circular poco después de las declaraciones del legislador panista, quien planteó públicamente que lo ocurrido tenía rasgos de un atentado político. Sin embargo, la difusión del video modificó la percepción del caso y abrió cuestionamientos sobre el alcance real de lo sucedido.
Hasta ahora, el contenido visible en el video no muestra una escena de violencia dirigida contra la familia del diputado ni elementos que, a primera vista, confirmen la narrativa de una agresión política. Esa diferencia entre el relato público y lo que exhiben las imágenes generó reacciones críticas en redes y entre ciudadanos que acusaron una presunta exageración del episodio.
El caso volvió a colocar en el centro del debate la responsabilidad de los actores públicos al momento de comunicar hechos de seguridad, especialmente cuando sus declaraciones pueden escalar políticamente antes de que exista una revisión completa de las evidencias.
