Por Redacción | Tijuana, Baja California, 6 de junio de 2026.
Nailea Salas Fernández permanecerá en libertad pese a haber sido sentenciada a más de 21 años de prisión por su responsabilidad en un accidente ocurrido hace cinco años, en el que murieron dos integrantes de una familia y tres menores resultaron lesionados.
La determinación fue confirmada durante la audiencia de lectura y explicación de sentencia celebrada este viernes, donde el juez expuso los fundamentos jurídicos que sustentaron el fallo condenatorio emitido en contra de la joven.
Al concluir la diligencia, la Fiscalía solicitó que la sentenciada fuera internada de manera inmediata en el Centro de Reinserción Social de La Mesa para comenzar a cumplir la pena impuesta. Sin embargo, el juzgador rechazó la petición al considerar que la sentencia aún no ha quedado firme.
Durante la audiencia, el juez explicó que la legislación vigente establece que una pena privativa de la libertad no puede ejecutarse mientras existan recursos legales pendientes de resolución.
La defensa de Nailea anunció formalmente que interpondrá un recurso de apelación para impugnar la sentencia, por lo que el caso deberá ser revisado por una instancia superior antes de que la condena adquiera carácter definitivo.
El juzgador recordó que una sentencia alcanza ejecutoria únicamente cuando los tribunales de segunda instancia resuelven los recursos ordinarios promovidos por las partes y ya no existen mecanismos legales pendientes dentro del proceso.
Mientras se desarrolla esa etapa judicial, Nailea continuará enfrentando el procedimiento en libertad, aunque deberá mantener vigentes las medidas cautelares impuestas por la autoridad.
Entre dichas condiciones se encuentra la entrega de su pasaporte y de su visa de turista expedida por el gobierno de Estados Unidos, con el propósito de impedir una eventual salida del país durante la revisión del caso.
El accidente por el que fue sentenciada ocurrió hace cinco años, cuando la joven conducía en estado de ebriedad y se vio involucrada en un choque que provocó la muerte de dos personas y lesiones a tres menores de edad, hechos que derivaron en el proceso penal que ahora se encuentra en etapa de apelación.
Durante la audiencia, el juez enfatizó que el derecho a la defensa y a la revisión de las resoluciones judiciales forma parte de las garantías establecidas en el sistema de justicia penal.
“Por más que nos parezca injusto, las personas tienen derecho a defenderse durante todo lo que dura el proceso judicial”, expresó el juzgador al explicar los alcances legales de la decisión.
Ahora será un tribunal de alzada el encargado de analizar los argumentos presentados por la defensa y determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia emitida en primera instancia.
