Ciudad de México.- Una manifestación pacífica en defensa del territorio en Xochimilco terminó en violencia cuando un grupo de aproximadamente 30 hombres, armados con armas blancas, atacaron a los manifestantes que se encontraban frente a la alcaldía. El saldo fue de al menos ocho personas heridas y cinco detenidos, entre ellos cuatro activistas y una periodista. A pesar de la gravedad de la situación, la policía no intervino para detener la agresión, lo que ha generado indignación entre los manifestantes y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El objetivo de la protesta era apoyar a Hortensia Telésforo, una activista de San Gregorio Atlapulco acusada de despojo por la recuperación de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan. Según los manifestantes, la denuncia en su contra es una forma de criminalización por parte del alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, y su administración, quienes también son señalados como los responsables de orquestar el ataque contra los manifestantes. Los agredidos, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios y organizaciones civiles, aseguran que no provocaron la agresión y que solo buscaban entablar un diálogo con las autoridades locales.
De acuerdo con Radio Zapote, un medio independiente que cubría la manifestación, la violencia se desató tras el repliegue de la policía. A pesar de la presencia de elementos policiales en el lugar, estos no actuaron para detener la agresión, lo que permitió que el ataque se prolongara. En redes sociales se difundieron videos que muestran a los agentes presenciando los hechos sin intervenir.
Entre los detenidos se encuentran Anselma Margarito, miembro de la comunidad otomí; Jorge Manuel Cancino García; Uriel García, activista de la organización Conciencia y Libertad; Roberto Rodríguez; y Penélope Estefanía Galicia, alias Mayahuel, reportera de Radio Zapote. Estos arrestos han sido calificados como arbitrarios, y organizaciones como Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) han expresado su preocupación por la criminalización de los defensores del territorio y los periodistas.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió una versión distinta de los hechos, argumentando que las detenciones se realizaron porque una mujer supuestamente lesionó a un empleado de la alcaldía y otras cuatro personas intentaron impedir su arresto. La SSC-CDMX también afirmó que los manifestantes habían adoptado una actitud agresiva, realizaron pintas en las instalaciones de la alcaldía y participaron en una riña con un grupo de trabajadores de la demarcación.
A pesar de estas declaraciones, los manifestantes y sus defensores sostienen que las detenciones fueron injustificadas y que la represión fue orquestada por las autoridades locales para silenciar las demandas legítimas de los habitantes de San Gregorio Atlapulco. Actualmente, los activistas y sus simpatizantes continúan exigiendo la liberación de los detenidos y el cese de la criminalización de los defensores del territorio.
Este conflicto se enmarca en una larga lucha por la reapertura de la biblioteca de San Gregorio Atlapulco, cerrada desde el sismo de 2017. La comunidad ha exigido la recuperación del espacio como centro cultural, pero el gobierno de Xochimilco ha promovido su uso para fines turísticos, lo que ha generado tensiones con los habitantes locales.
