La reciente publicación de la periodista Adela Navarro en el semanario ZETA, referente nacional en la cobertura de temas de corrupción y narcotráfico, vuelve a encender las alarmas sobre la integridad de las estructuras de poder en Baja California. Durante décadas, desde los tiempos de su fundador Jesús Blancornelas, ZETA ha demostrado tener la solidez investigativa y el respaldo documental para sustentar sus dichos. Esta vez, el tema no es menor: el entorno cercano de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está bajo investigación en México y en los Estados Unidos.
En el centro del escándalo están los hermanos Carlos y Luis Alfonso Torres Torres. Carlos, esposo de la gobernadora y su hermano han sido vinculados por autoridades estadounidenses y mexicanas con el tráfico ilegal de combustibles, particularmente a raíz de una investigación derivada del decomiso de más de ocho millones de litros de diésel en Ensenada, en marzo de 2023. La indagatoria, que comenzó en la FGR de Baja California y fue atraída por la FEMDO, menciona a los Torres como partícipes del esquema de introducción ilícita de combustible desde Texas hacia territorio nacional.
El pasado 10 de mayo, Carlos Torres hizo público un posicionamiento en su cuenta de Facebook, lamentando que su esposa (la gobernadora) estuviera siendo involucrada en el tema. Pero según lo revelado por ZETA, fuentes del Departamento de Estado estadounidense confirmaron que ambos hermanos están bajo investigación y que, si bien Marina del Pilar trataron de considerarla un “daño colateral”, también contribuyó a la revocación de su visa el hecho de haber interferido, para detener la excavación donde presuntamente se hallaba una fosa clandestina con más de 20 cuerpos en Tijuana.
El 14 de abril, apenas unos días antes de que se revocara la visa de Carlos Torres, narcomenudistas detenidos denunciaron la existencia de dicha fosa. Se hallaron tres cuerpos y, sin embargo, tras una mesa de seguridad donde la gobernadora participó directamente, la orden fue clara: “Tengan cuidado, no queremos un Teuchitlán aquí”. Poco después, la excavación fue suspendida. La injerencia directa de Marina del Pilar en estos hechos llamó la atención de las autoridades norteamericanas y fue un elemento adicional que selló la decisión de revocarle también a ella su visa.
Este punto es crucial: la gobernadora forma parte de las mesas de seguridad, espacios donde se toman decisiones clave y se comparte información delicada entre instituciones estatales, federales y binacionales. Su presencia activa en estos foros le da la capacidad (y por ende, la responsabilidad) de garantizar que esa información se distorsione, o peor aún, se utilice para proteger intereses personales y familiares como lo estamos viendo.
En un estado con vínculos tan profundos con Estados Unidos, no solo por razones geográficas sino por cuestiones económicas, comerciales, migratorias y de seguridad, el que una gobernadora en funciones vea revocada su visa por sospechas derivadas de una investigación penal en curso en contra de su esposo y cuñado, es un hecho sin precedentes.
Marina del Pilar ha justificado que no necesita visa para gobernar y tiene razón: legalmente, no es un requisito, pero la revocación de una visa por estos motivos no es una sanción menor ni meramente “administrativa”. Revela una grieta institucional que, de no atenderse con responsabilidad y transparencia, puede derivar en consecuencias mucho más graves, tanto para la credibilidad del gobierno estatal como para la colaboración binacional en materia de seguridad.
Frente a esta situación, los ciudadanos merecen una explicación clara y a fondo, la justicia debe actuar sin mirar nombres, parentescos ni cargos, en un país donde el poder suele usarse para el encubrimiento que una investigación transnacional toque a una figura del más alto nivel político es sin duda una prueba para la democracia y el Estado de derecho.
