Por Redacción | Tabasco, 15 de junio de 2026.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una condena de 154 años de prisión contra Hernán “N”, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, al considerarlo presunto responsable de diversos delitos relacionados con delincuencia organizada.
Durante una audiencia celebrada este lunes dentro del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público presentó la petición formal de sentencia, integrada por 100 años de prisión por el delito de secuestro, 24 años por asociación delictuosa y 30 años por extorsión agravada.
Además de la pena privativa de la libertad, la fiscalía solicitó una multa equivalente a 16 mil días y una inhabilitación por diez años para desempeñar cargos públicos.
Hernán “N” permanece vinculado a proceso desde septiembre de 2025 y es señalado por las autoridades como presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora. Las investigaciones que enfrenta están relacionadas con hechos ocurridos durante su gestión dentro de la administración estatal.
Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa intentó excluir diversos elementos probatorios al argumentar que carecían de relación con el acusado. Sin embargo, el juez determinó rechazar los planteamientos al considerar que no existían fundamentos legales suficientes para retirar dichas evidencias del expediente.
El proceso ha despertado interés a nivel nacional debido a que el exfuncionario formó parte del gabinete de seguridad durante la administración de Adán Augusto López en Tabasco, situación que ha colocado el caso bajo observación pública y política.
La solicitud de una pena superior a los 150 años de prisión representa uno de los procedimientos judiciales más relevantes impulsados recientemente por la Fiscalía tabasqueña contra un exalto mando gubernamental, en un contexto donde las autoridades buscan reforzar el combate a la delincuencia organizada y la rendición de cuentas de servidores públicos.
El caso continuará su curso dentro de las etapas procesales correspondientes, mientras el tribunal analiza las pruebas presentadas por ambas partes y determina la responsabilidad penal del acusado.
