Ciudad de México.- En una votación que registró 86 votos a favor y 42 en contra. Esta decisión ha generado una fuerte controversia, dividiendo opiniones entre los legisladores y organizaciones civiles, el Senado de la República de México aprobó la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente, profesional y de carácter militar, bajo el control de Sedena.
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional había sido concebida como una institución de seguridad pública con mando civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, la reforma reciente cambia esa estructura, otorgando mayor influencia a las Fuerzas Armadas sobre esta corporación. López Obrador ha defendido esta decisión, argumentando que es la única forma de evitar que la Guardia Nacional siga el camino de la antigua Policía Federal, que fue disuelta en 2019 debido a problemas de corrupción. Según el mandatario, el control militar garantizará la integridad y eficacia de esta institución en las tareas de seguridad pública.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la modificación de varios artículos de la Constitución, entre ellos el 21 y el 129, lo que permite que la Guardia Nacional, junto con el Ministerio Público y las policías, pueda investigar delitos en el ámbito de su competencia. Además, elimina la “garantía orgánica” que exigía que las instituciones de seguridad pública fueran de carácter civil. Esta medida ha sido interpretada por muchos como un paso hacia la militarización de la seguridad en México, una tendencia que ha generado fuertes críticas tanto dentro como fuera del país.
La oposición política, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, ha denunciado que esta reforma consolida la militarización del país. El senador del PAN, Ricardo Anaya, criticó la estrategia de militarización señalando que, desde su implementación, el número de homicidios ha aumentado considerablemente. Según Anaya, la presencia militar en las calles no ha logrado reducir la violencia en el país y propuso, en cambio, fortalecer una fuerza policial civil, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
Luis Donaldo Colosio Riojas, senador por Movimiento Ciudadano, también expresó su oposición, argumentando que esta reforma representa “el último clavo al féretro de la seguridad civil”. Para Colosio, la seguridad debe gestionarse desde una perspectiva civil y local, y advirtió sobre el peligro de empoderar aún más a las Fuerzas Armadas, lo que, según él, podría resultar en un incremento de violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, legisladores de Morena, como Citlalli Hernández y Omar García Harfuch, defendieron la reforma, afirmando que no vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hernández aseguró que la reforma no afecta las garantías individuales, mientras que García Harfuch destacó que el modelo de la Guardia Nacional se basa en cuerpos policiales internacionales exitosos, como los Carabineros de Chile y la Guardia Civil de España. Además, señaló que la Guardia Nacional no es el único eje de la estrategia de seguridad, la cual también incluye la atención a las causas de la violencia y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y coordinación con las entidades federativas.
Finalmente, aunque la reforma fue aprobada en ambas cámaras del Congreso, el debate continúa en los ámbitos políticos y sociales de México. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos que implica el control militar de la Guardia Nacional, señalando que esto podría conducir a un retroceso en la protección de los derechos civiles. Ahora, la reforma pasa a los congresos estatales para su discusión, y será clave observar cómo se desarrolla este proceso en las próximas semanas.
