Corea del Sur.- El intento fallido del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial ha desencadenado una crisis política de gran magnitud en el país. Aunque la medida fue revocada apenas seis horas después de ser decretada, la oposición y los sindicatos han intensificado sus demandas de renuncia, acusando al mandatario de insurrección y abuso de poder.
Reacción parlamentaria y social
La ley marcial, declarada inicialmente como respuesta a lo que Yoon describió como un intento de “alterar el orden constitucional” por parte del opositor Partido Democrático (PD), fue anulada por el Parlamento tras una sesión extraordinaria. Este desenlace, conforme a la Constitución surcoreana, obligó al gobierno a revocar la medida y retirar a las tropas desplegadas.
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Miles de manifestantes se congregaron frente a la Asamblea Nacional en la madrugada del miércoles, denunciando la medida como antidemocrática y exigiendo la dimisión del presidente. La Confederación Coreana de Sindicatos, que representa a 1.2 millones de trabajadores, ha convocado una huelga general indefinida hasta que Yoon deje el cargo.
Acusaciones de insurrección
El líder del Partido Democrático, Park Chan-dae, calificó la acción del presidente como una “insurrección” y reiteró su demanda de renuncia inmediata. Por su parte, Han Dong Hoon, líder del gobernante Partido del Poder Popular, también criticó la situación como “trágica” y pidió que se investigue a fondo la responsabilidad de todos los implicados.
Contexto y deterioro político
La decisión de declarar la ley marcial surgió en un clima de confrontación política tras la aprobación por parte del PD de unos presupuestos generales para 2025 que excluyeron al partido oficialista, además de otras mociones controvertidas. Desde que asumió el cargo en mayo de 2022, Yoon ha enfrentado un bloqueo legislativo por parte de la oposición, que controla el Parlamento y ha promovido numerosos procesos de destitución contra miembros de su gabinete.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, ha instado a Corea del Sur a resolver la crisis de manera pacífica y dentro del marco del estado de derecho. Mientras tanto, la presidencia de Yoon Suk Yeol se tambalea, debilitada por el descontento social y la falta de apoyo político.
Con este episodio, Corea del Sur enfrenta un momento de incertidumbre que pone a prueba su estabilidad democrática y la capacidad del gobierno para recuperar la confianza ciudadana.
