Los Mochis .- El presidente municipal con licencia de Ahome, Sinaloa, Gerardo Octavio Vargas Landeros, fue detenido este viernes por agentes estatales, en lo que se presume como una violación a una suspensión provisional otorgada por un juez federal. La aprehensión ocurrió a pesar de existir una orden judicial vigente que impedía expresamente privarlo de la libertad.
Según los primeros reportes, la detención fue ejecutada en cumplimiento de una orden emitida por el juez de control y enjuiciamiento penal Carlos Alberto Herrera, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Ambas instancias han sido señaladas como responsables dentro del juicio de amparo número 368/2025. “La orden judicial es clara: ninguna autoridad estatal puede ejecutar una orden de aprehensión mientras subsista la suspensión federal”, expresó un asesor jurídico vinculado a la defensa de Vargas Landeros.
La suspensión fue concedida por el Juez Quinto de Distrito en Sinaloa el pasado 28 de mayo, como medida cautelar para proteger los derechos del funcionario mientras se recuperaba de una cirugía programada. Vargas Landeros interpuso el amparo indirecto en previsión de ser objeto de una detención arbitraria, alegando motivos de persecución política.
El caso pone en evidencia un conflicto entre la jurisdicción federal y las autoridades estatales, y resalta la importancia del respeto al juicio de amparo como mecanismo de protección de derechos fundamentales. La violación a una suspensión de esta naturaleza constituye una falta grave en el ámbito legal mexicano y puede derivar en sanciones de tipo administrativo y penal para los servidores públicos que la desacaten.
Tanto el juez Carlos Alberto Herrera como la Fiscalía de Sinaloa enfrentan ahora cuestionamientos por una posible actuación fuera del marco legal. Este hecho ha encendido nuevamente la alarma sobre el uso del aparato judicial con fines políticos, lo que ha llevado a que especialistas en derecho soliciten la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos y sancionar a quienes resulten responsables.
