Mexicali .– El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California emitió una alerta pública sobre la creciente crisis de seguridad en el estado, al señalar que la violencia ha rebasado la capacidad del gobierno estatal y exige una intervención urgente del gobierno federal.
La presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, advirtió que la presencia del crimen organizado se ha intensificado en todo el territorio bajacaliforniano. Enfrentamientos armados, desapariciones forzadas, extorsiones, hallazgos de fosas clandestinas y narcotúneles son parte de la violencia que, afirmó, “mantiene aterrorizada a la población”.
“Hay un abandono institucional que mantiene a miles de familias atemorizadas. No podemos permitir que esto se normalice”, denunció la dirigente.
Según datos oficiales, durante 2023 se denunciaron 121,070 delitos en Baja California, lo que representa un incremento del 10.3 % en comparación con 2022. La tasa promedio de delitos fue de 3,018.8 por cada 100,000 habitantes, siendo la segunda más alta del país, solo por debajo de Colima. En materia de homicidios dolosos, el estado registró una tasa de 56.25 por cada 100,000 habitantes, frente al promedio nacional de 19.9.
Aunque Tijuana reportó una ligera disminución en homicidios dolosos en 2024, los niveles de violencia siguen siendo críticos. A nivel nacional, el país cerró ese año con un promedio de 70 homicidios diarios. Baja California, por su parte, registró 53.91 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio nacional.
La dirigente panista hizo un llamado al Ejecutivo federal para que implemente una estrategia integral de seguridad que fortalezca la coordinación entre fuerzas armadas, corporaciones civiles y autoridades locales. Esta demanda cobra mayor relevancia luego de que se hiciera pública la revocación de la visa estadounidense de la gobernadora de Baja California, un hecho que Mata Lozano calificó como “un mensaje preocupante” y que requiere una investigación clara y sin opacidad.
“No vamos a quedarnos callados mientras se vulnera el derecho más básico de los bajacalifornianos: vivir sin miedo”, concluyó Mata Lozano.
