Cuando se habla de usurpación, uno imagina conspiraciones sofisticadas, planes meticulosos y maniobras dignas de una novela política, pero lo ocurrido en el municipio de Ahome, Sinaloa, es la versión pueblerina y burda del autoritarismo disfrazado de improvisación. Un espectáculo de arrogancia legal, silencio cómplice y torpeza institucional, encabezado por un alcalde que, según documentos oficiales y declaraciones públicas, no debería estar sentado en esa silla presidencial.
Antonio Menéndez de Llano Bermúdez (Toño, para sus amigos) asumió como presidente municipal el 2 de mayo de 2025 sin haber sido electo por voto ni nombrado por el cabildo, ¿Su legitimidad? una incógnita aún más grande que su capacidad para responder cuestionamientos básicos. La Constitución del Estado de Sinaloa es clara: ante una licencia temporal del alcalde en funciones, el cabildo debe designar a un edil para suplirlo y eso se hizo, el 1 de mayo, en sesión solemne, fue nombrada Rosa Margarita Velázquez Valdez como presidenta municipal provisional. ¿Resultado? Ignorada, desplazada y silenciada.
Toño entró por la puerta de atrás, sin protesta de ley ante cabildo, sin acta que lo respalde, y como si el Estado de Derecho fuera un chisme opcional, a su paso, su personal de presidencia decomisó los sellos oficiales de regidores, sin explicación ni notificación formal, como si el municipio fuera su bodega personal y no una institución pública. Cuando fue cuestionado sobre estos hechos, se limitó a balbucear amenazas veladas de sacar a la luz, supuestas irregularidades, olvidando (qué conveniente) que él mismo declaró haber recibido finanzas sanas. Es decir, ni justificación tiene para la vendetta.
Más que un presidente municipal, Toño parece un improvisado que llegó por dedazo, empujado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, un poder tras bambalinas que prefiere imponer a dialogar, pisotear a construir. Pero en su prisa por apoderarse del poder, dejó una estela de ilegalidades tan evidentes que ni su equipo puede maquillar. El cabildo no fue disuelto, la presidenta provisional sigue siendo legalmente válida y el acto de imponerlo en el cargo roza lo grotesco.
Este no es solo un caso de ambición política: es un atentado contra la autonomía municipal, contra los procedimientos democráticos y contra la inteligencia de los ciudadanos. Si Toño quiere seguir en la silla, tendrá que explicar con qué legitimidad lo hace, porque hasta ahora, lo único que ha demostrado es que la usurpación también puede hacerse a lo tonto.
