El secretario Alfredo Álvarez se apresuró (hoy, 29 de julio de 2025) a aclarar que el Protocolo de Manifestaciones “no es para reprimir”, dicho así suena comprensible, el problema es que el gobierno fabrica protocolos sin aviso ni pedagogía y luego clama que no son represivos… porque nadie se entera (bueno chatGPT si, antes que todos nosotros).
El protocolo fue publicado oficialmente el 25 de julio de 2025 y entró en vigor el 26 (no quieren otra carnita asada), sin que antes se promovieran talleres, consultas ni mesas informativas con la ciudadanía, ¿Garantía de derechos o puerta giratoria al autoritarismo operativo? difícil de saber cuándo se impone sin debate público previo.
Vaya coherencia: “protección ciudadana” mediante un instrumento que nunca se socializó, ¿Quién sabe ahora cuáles son los requisitos para manifestarse, ¿quién decide si tu marcha queda fuera del marco o cómo se interpreta el nuevo registro previo? La opacidad no inspira confianza, más bien desconfianza como la que todos tenemos de Marina del Pilar.
Álvarez insiste en que no se van a reprimir protestas, pero el protocolo aparece exactamente en un momento donde las calles hablan con fuerza: desde Mexicali hasta Ensenada, la sociedad hace de la protesta un idioma común para exigir salud, justicia, electricidad y pensiones. Ante esa efervescencia el gobierno lanza un manual normativo sin debate y después afirma que no pretende silenciar voces, irónico, ¿no?
La comunidad internacional tiene claro que ningún Estado puede exigir notificaciones previas excesivas, limitar el lugar o la frecuencia sin justificación proporcional. Bajo el Pacto Internacional y recomendaciones de ONU y CIDH, cualquier restricción debe ser neutral en contenido, justificada y con criterios claros. Por supuesto, Álvarez no menciona artículos ni estándares internacionales. Sólo repite: “no es para reprimir”.
Queda la pregunta: ¿es realmente un instrumento de protección o una herramienta de disuasión formalizada? Cuando un protocolo se lanza sin sociedad civil, se activa antes que el diálogo y se justifica a posteriori, hay más señales de control que de apertura democrática. Álvarez lo llama garantía; la ciudadanía podría llamarlo freno burocrático a su legítimo derecho de protesta.
