24 horas para obedecer… o para enterrar la Constitución

En Sinaloa, la ley no duerme: la encadenaron en el sótano del Congreso y le pusieron bozal. La última orden del Juzgado Primero de Distrito no deja lugar a dudas : 24 horas para cumplir la suspensión definitiva o enfrentarse a sanciones personales. Pero en el feudo de Rubén Rocha Moya, los relojes se detienen cuando al jefe no le gusta la hora.

La diputada María Teresa Guerra Ochoa, con su título de doctora en derecho ondeando como estandarte, defiende que Sinaloa es un estado autónomo. Traducido: “Aquí manda el patrón, no un juez federal”. Su interpretación de la autonomía es tan creativa que merecería un premio… en literatura fantástica. Porque en el México real, la Constitución establece que las resoluciones federales son de cumplimiento obligatorio, sin importar cuán incómodo sea para un gobernador con piel fina.

Lo más patético no es el desacato en sí, sino la obediencia canina del pleno legislativo, diputados que deberían representar a la ciudadanía, convertidos en edecanes políticos, pendientes de la venia del gobernador. No legislan: asienten, aplauden y repiten el guion oficial y si Rocha Moya decide que un juez no existe, ellos juran que el juez es un mito urbano.

Los rumores sobre los “amigos” del mandatario (esos cuya mención provoca miradas al suelo y silencios prolongados) no ayudan a disipar la sensación de que este no es un desacato por ideología, sino por instinto de supervivencia. No es que la ley no pese, es que hay otras fuerzas cuyo peso se mide de otra manera.

Mientras tanto, la Federación tiene ante sí una prueba de fuego: si deja pasar esta rebeldía, manda un mensaje claro a todos los gobernadores con tentaciones de virrey: en México, el Estado de derecho es negociable. En cambio, si decide imponer su autoridad, se expone a destapar lo que muchos prefieren mantener bajo alfombra: que el poder real en Sinaloa no se gana en las urnas ni en tribunales, sino en terrenos mucho más oscuros.

El plazo de 24 horas corre. Si no hay cumplimiento, lo que se habrá roto no será sólo una orden judicial: será el poco disfraz que le queda a un sistema político que finge legalidad mientras se arrodilla ante el poder que de verdad teme.