Seguridad
Empleados exigen justicia tras cierre de bar por parte de la Fiscalía de B.C.
Por Redacción | Tijuana, Baja California.
El hartazgo laboral vuelve a golpear a las puertas del gobierno estatal.
Tras el abrupto cierre del bar nocturno “La Cueva del Peludo”, más de 200 empleados permanecen sin recibir ni una sola respuesta desde mayo. Cansados del abandono institucional, los trabajadores y sus representantes sindicales advirtieron que este viernes podrían tomar las calles de Tijuana si la autoridad continúa en silencio.
El Secretario General de la Federación Independiente de Trabajadores de Baja California, Rafael Leyva, fue tajante:
“Si no hay respuesta de la Fiscalía ni del Gobierno, vamos a tomar las calles. No estoy bromeando”.
La desesperación es entendible. Mientras el gobierno mira hacia otro lado, cientos de familias viven de préstamos, ventas ambulantes y la incertidumbre.
María Martínez, empleada durante casi cuatro años, confiesa que ahora sobrevive vendiendo en los mercados sobre ruedas:
“Nos afectó bastante. Soy madre de familia y ya no tengo ingreso fijo”.
La indignación crece ante la ausencia de información sobre la clausura del inmueble y el nulo acompañamiento institucional. Los trabajadores aseguran que este miércoles entregarán un documento formal a la Fiscal General del Estado exigiendo una explicación sobre el cierre y la situación legal del negocio.
En paralelo, Leyva adelantó una reunión con el representante legal de la empresa Amaranto, responsable del establecimiento, para negociar el pago de salarios caídos y prestaciones.
Pero mientras los burócratas prometen mesas de diálogo, el malestar ciudadano toma forma de protesta.
El bar, recordado no solo por su fama sino por la violencia que lo rodeó, fue escenario de al menos seis ataques armados entre 2023 y 2024, dejando seis muertos y siete heridos. En mayo, otro tiroteo hirió a cinco personas más. Tras ese último hecho, el local fue clausurado.
Hoy, la crisis laboral es la nueva víctima de una cadena de omisiones: la ineficacia de la autoridad gubernamental y el mutismo de la Fiscalía General del B.C.
Mientras tanto, los trabajadores planean salir a las calles.
Porque cuando el Estado calla, la protesta grita.
