Por Redacción | Mexicali, Baja California, 18 de marzo de 2026.
El Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, José Óscar Vega Marín, fue multado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) debido al incumplimiento en el pago de una sentencia relacionada con la expropiación de un terreno realizada en 2003.
El monto en disputa asciende a 44 millones 800 mil pesos, reclamados por un particular como indemnización derivada de dicho proceso. De acuerdo con el resolutivo del tribunal, se impuso una multa de 10 mil 698.66 pesos al funcionario, al considerar que el procedimiento de ejecución forzosa se encontraba detenido desde octubre de 2025, pese a la programación de diversas audiencias.
Vega Marín reconoció la existencia del adeudo por la expropiación, aunque subrayó que aún no existe un acuerdo respecto al monto final a pagar. Señaló que el Ayuntamiento mantiene negociaciones con la parte demandante con el objetivo de reducir la cifra, al considerar que el valor reclamado no corresponde a la estimación oficial del predio.
El funcionario explicó que este tipo de sanciones forman parte de los mecanismos legales para presionar el cumplimiento de sentencias y aseguró que, durante su gestión, ha recibido múltiples multas similares que posteriormente son condonadas al demostrar avances en los procesos administrativos.
En ese sentido, indicó que estas sanciones recaen de manera personal sobre los funcionarios y no representan un gasto directo para el Ayuntamiento, además de que su aplicación es común en litigios donde existen resoluciones pendientes de ejecución.
Por su parte, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, respaldó la postura de la sindicatura y afirmó que el gobierno municipal continuará defendiendo sus intereses legales, al considerar que el monto reclamado es excesivo frente al avalúo catastral.
El origen del conflicto se remonta a la administración municipal de 2003, cuando se llevó a cabo la expropiación del terreno para obras de interconexión vial. Desde entonces, el caso ha derivado en un proceso legal que continúa vigente, con implicaciones administrativas y financieras para el gobierno local.
De acuerdo con la representación legal del particular, el procedimiento podría escalar si no se cumple la sentencia, incluso con posibles sanciones adicionales o medidas más severas por parte del tribunal.
