Por Redacción | San Quintín, Baja California.
La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, dio a conocer nuevos detalles sobre la privación de la libertad de dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), ocurrida el pasado 10 de junio en el municipio de San Quintín.
De acuerdo con la funcionaria, los trabajadores participaban en un operativo oficial contra los llamados “raiteros” cuando fueron interceptados por un grupo armado al concluir sus labores y emprender el regreso.
La fiscal explicó que los inspectores, de 45 y aproximadamente 35 años de edad, viajaban junto con otros compañeros cuando un comando integrado por alrededor de 15 personas, distribuidas en varias camionetas tipo pick-up, les cerró el paso.
Los agresores obligaron a descender del vehículo a los servidores públicos y privaron de la libertad al hijo de la diputada federal Rocío López Gorosave y a otro inspector del IMOS, mientras que el resto de los trabajadores permaneció en el sitio y posteriormente proporcionó información clave para la investigación.
Tras recibir el reporte, la Fiscalía General del Estado activó los protocolos de búsqueda en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
Andrade Ramírez indicó que las labores fueron complejas debido a las características de la zona, considerada de difícil acceso y con limitada cobertura de videovigilancia.
Como parte de las acciones desplegadas, las autoridades realizaron cateos, sobrevuelos en helicóptero, recorridos terrestres y revisiones casa por casa para localizar indicios, cámaras de vigilancia y posibles vehículos relacionados con los hechos.
Los dos inspectores fueron localizados posteriormente caminando en las inmediaciones de San Vicente.
Según las primeras declaraciones rendidas por las víctimas, permanecieron privados de la libertad con los ojos vendados y las manos atadas. Más tarde fueron trasladados por sus captores en un vehículo y abandonados en una zona despoblada, desde donde comenzaron a caminar hasta ser encontrados por los elementos de seguridad.
La fiscal informó que ambos recibieron atención médica y posteriormente comparecieron ante el Ministerio Público para aportar información a la carpeta de investigación.
Durante los cateos efectuados en el marco de las investigaciones fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico; sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este caso.
Ante cuestionamientos sobre la rapidez con la que fueron localizados los inspectores, en comparación con otros casos de desaparición, Andrade Ramírez rechazó que existiera algún tipo de trato preferencial.
“No hay favoritismo”, afirmó la fiscal, al señalar que cada caso cuenta con estrategias específicas de investigación y que muchas diligencias no pueden hacerse públicas para no comprometer los resultados.
La titular de la FGE explicó que este caso presentó circunstancias particulares debido a que ocurrió durante un operativo oficial y frente a varios testigos, quienes aportaron información inmediata sobre los presuntos responsables y los vehículos utilizados.
La investigación permanece abierta y las autoridades continúan trabajando para identificar y capturar a quienes participaron en la privación de la libertad de los dos servidores públicos.
