Por Redacción | Ciudad de México, 18 de marzo de 2026.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó cerrar el caso conocido como los “sobres amarillos”, relacionado con Pío López Obrador y David León, al concluir que los elementos presentados no cuentan con la carga probatoria suficiente para sostener las denuncias.
La resolución fue aprobada por unanimidad este miércoles 18 de marzo, con base en el proyecto de la magistrada Mónica Soto, el cual se votó sin discusión en el pleno. En el documento se establece que los videos y fotografías difundidos desde 2020 no permiten acreditar que el dinero entregado haya sido destinado a Morena ni a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
El asunto, identificado como “SUP-RAP-1316/2025”, derivó de una impugnación promovida por el diputado Federico Döring, quien buscaba que el tribunal ordenara una investigación más amplia sobre los hechos.
El caso se remonta a 2020, cuando el periodista Carlos Loret de Mola difundió grabaciones en las que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, entonces funcionario vinculado al gobierno de Chiapas. En su momento, León declaró que los recursos eran para proyectos personales, mientras que Pío López Obrador negó que se tratara de financiamiento electoral.
Previamente, en agosto de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había resuelto no sancionar ni a Morena ni a Pío López Obrador, al no encontrar evidencia de que los recursos hubieran sido utilizados con fines de campaña. La autoridad electoral indicó que, tras requerir información a diversas instituciones, no se acreditaron irregularidades financieras ni la existencia de un esquema de financiamiento paralelo.
Asimismo, se señaló que no hubo certeza sobre el origen ni el destino del dinero mostrado en los videos, lo que limitó la posibilidad de establecer responsabilidades administrativas o electorales.
El cierre del caso por parte del Tribunal Electoral refuerza el criterio de insuficiencia probatoria en este tipo de evidencias, en un contexto donde la difusión de materiales audiovisuales ha tenido un peso relevante en el debate público, pero enfrenta límites legales al momento de sustentar acusaciones formales.
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