En Ensenada, la indignación parece tener fecha de caducidad… y de inicio. Juan José Villalobos, ese campeón de la moral selectiva, decidió que los supuestos malos tratos en el DIF municipal merecían denuncia… pero no de inmediato, no cuando ocurrían, no cuando las víctimas podían recibir ayuda oportuna, no, el momento idóneo, según su brújula política, era justo después de que su amigo, el exalcalde deudor serial Armando Ayala, pidiera licencia. Qué curioso que la ética tenga la misma precisión que un reloj suizo cuando conviene.
Durante meses (o años, quién sabe) Villalobos vio, escuchó y por lo visto, toleró, no porque le pareciera bien, claro, sino porque había que cuidar los tiempos. El verdadero enemigo no era el abuso, sino el riesgo de incomodar al amigo en turno, así, la supuesta defensa de las víctimas se guardó en un cajón, bajo llave, hasta que la silla del Ayuntamiento la ocupó Carlos Ibarra. Entonces, ¡eureka!, la denuncia brotó como si la conciencia hubiera despertado de un largo letargo.
Este patrón no es nuevo: en la política local, los abusos no se denuncian cuando ocurren, sino cuando sirven y en este teatro, Villalobos no actúa solo. Se necesita un ecosistema entero de complicidades, silencios y cálculos para que las agresiones puedan madurar, como si fueran botellas de vino, hasta que políticamente sean “bebibles”.
Mientras tanto, las víctimas se convierten en fichas de ajedrez. Su dolor se administra con la misma frialdad con la que se calcula el impacto mediático. No importa si las agresiones se detuvieron o si empeoraron; lo relevante es quién está en el poder cuando se airea el escándalo.
Para rematar, la jugada le salió: la funcionaria terminó fuera del cargo. Objetivo cumplido, aunque la justicia llegara tarde y manchada de cálculo político. En Ensenada, parece que no importa tanto cuándo se actúa, sino que la caída se produzca en el momento más conveniente para el jugador, no para las víctimas.
