Ciudad Juárez, Chihuahua.- El gobierno mexicano recibió una petición por ocho sobrevivientes del incendio dentro de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), en dicha petición solicitaron acciones que les garantice la verdad, justicia y reparación del daño.
Esta solicitud se hizo durante una reunión con Senadoras y Senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento, además, los sobrevivientes señalaron que el incendio les dejó secuelas de por vida, en su salud física y mental, ya que a algunos de ellos les amputaron partes de su cuerpo.
En su posicionamiento, los migrantes declararon “Las autoridades migratorias no nos escucharon ni protegieron, nos dejaron encerrados a merced del fuego mientras gritábamos y pedíamos ayuda. Mientras estábamos inconscientes en el hospital, muchas de nuestras familias se enteraron del incendio por las noticias en la televisión, en México nos culpaban de lo sucedido”.
Además, los sobrevivientes declararon que siguen con afecciones médicas, algunas neurológicas con movilidad limitada, con quemaduras externas e internas de órganos, incluyendo la pérdida de una extremidad.
De igual manera declararon que hasta el momento no tienen acceso a sus expedientes médicos, ni el tiempo en el que estarán en tratamiento y mencionaron: “algunas autoridades mexicanas nos tratan con desprecio. Aunque el Instituto Nacional de Migración ha solventado nuestros gastos de hospedaje y alimentación, es muy difícil para nosotros recordar esos uniformes, los mismos que portaban a quienes gritamos por auxilio y nos ignoraron”.
Las peticiones formales fueron las siguientes:
- Información periódica sobre las acciones que están realizando las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación del daño.
- Atención a sus necesidades económicas y de salud física y mental en México y sus países de origen, así como la inscripción de todas las víctimas y sus familias al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
- Valoraciones psicosociales independientes de todas las víctimas.
- La devolución de sus pertenencias que ahora tiene la Fiscalía General de la República.
- Que no existan represalias contra ellos y sus familias en México y en sus países de origen.
- Reunificación familiar, es decir, traer a sus hijas e hijos, quienes se quedaron en sus países de origen.
