México.- Recientemente, más de 400 personas de Amatenango, Chiapas, han huido hacia Guatemala para escapar de la violencia y el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales. Este desplazamiento masivo es una respuesta a la creciente inseguridad y enfrentamientos entre dos de los cárteles más poderosos de México: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos grupos se disputan el control de áreas estratégicas para el tráfico de drogas, armas y migrantes.
Unas 207 personas desplazadas se encuentran en el municipio guatemalteco de Cuilco, donde el gobierno guatemalteco les ha otorgado certificados de permanencia humanitaria por 30 días. Estos certificados permiten a los desplazados trabajar y estabilizarse temporalmente en la región.
Sin embargo, 61 personas han optado por regresar a sus hogares en Chiapas, mientras que las demás permanecen en comunidades vecinas o cruzan la frontera para cuidar sus bienes en México.
Las autoridades mexicanas han ofrecido trasladar a los desplazados a un albergue en la ciudad de Tapachula, Chiapas, pero la mayoría ha preferido quedarse en Cuilco debido a la proximidad con sus comunidades. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha reforzado la seguridad en las áreas afectadas por la violencia en Chiapas.
El coordinador de Serapaz en Chiapas, Jorge Hernández, destacó la gravedad de la situación en los Altos de Chiapas, especialmente en los municipios de Chenalhó y Pantelhó, donde 800 personas han sido desplazadas recientemente. En junio pasado, 4,000 personas, en su mayoría indígenas de la etnia cho’ol, huyeron de sus comunidades en Tila debido a actos de violencia y asedios por parte de grupos armados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la situación durante una conferencia el 26 de julio, afirmando que México es un país grande con conflictos en todas partes, pero que la situación en Chiapas no representa ingobernabilidad. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y pobladores han alertado sobre la crítica situación en Chiapas, subrayando la disputa territorial entre grupos criminales y la falta de acción efectiva por parte del gobierno.
El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, compuesto por al menos 80 organizaciones que trabajan en la región, emitió un posicionamiento conjunto el 31 de julio, alertando sobre el riesgo inminente para la vida y seguridad de miles de familias debido a los enfrentamientos entre grupos criminales. Las zonas más afectadas incluyen municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, y otros que están incomunicados debido a bloqueos carreteros realizados por los grupos criminales.
La canciller Alicia Bárcena destacó la colaboración con ACNUR y organizaciones de la sociedad civil para mejorar las condiciones de los desplazados y facilitar su retorno seguro a Chiapas cuando sea posible. Una reunión entre autoridades mexicanas y guatemaltecas está programada para revisar la situación de los desplazados y buscar soluciones a la crisis humanitaria en la región.
