Internacional.- Este lunes, el gobierno de Estados Unidos confiscó en la República Dominicana el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación que se enmarca en las sanciones estadounidenses impuestas sobre el régimen venezolano. Este decomiso, considerado como un movimiento sin precedentes, fue confirmado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual aseguró que la aeronave fue trasladada a Florida tras ser confiscada.
El avión, un Dassault Falcon 900EX valorado en aproximadamente 13 millones de dólares, habría sido adquirido ilegalmente por personas vinculadas a Maduro a finales de 2022 y principios de 2023. Según las investigaciones, esta compra se realizó a través de una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar la participación de los involucrados. Posteriormente, la aeronave fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela en abril de 2023, y desde entonces ha sido utilizada principalmente en vuelos hacia y desde una base militar en Venezuela, transportando a Maduro y sus allegados en visitas oficiales a otros países.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, declaró que este decomiso forma parte de un esfuerzo mayor por parte del gobierno estadounidense para hacer cumplir las sanciones y controles de exportación vigentes. Según Garland, la incautación de esta aeronave es un claro mensaje de que “nadie está por encima de la ley” y que los recursos adquiridos ilegalmente no pueden ser utilizados para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos.
La operación contó con la participación de varias agencias federales, incluyendo Homeland Security Investigations, la Oficina de Industria y Seguridad, y el Departamento de Justicia. Las autoridades estadounidenses colaboraron estrechamente con el gobierno de la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación.
Matthew S. Axelrod, subsecretario de control de exportaciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos, subrayó la importancia de esta acción al señalar que, independientemente del lujo del avión o del poder de los funcionarios involucrados, el gobierno estadounidense trabajará incansablemente para identificar y recuperar cualquier aeronave que haya sido contrabandeada ilegalmente fuera del país.
Este incidente se produce en un contexto de relaciones tensas entre Estados Unidos y Venezuela. En agosto de 2019, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses participar en transacciones con personas que actúen directa o indirectamente en nombre del gobierno venezolano. Esta medida ha sido parte de una serie de acciones que buscan presionar al régimen de Maduro, especialmente después de las controversiales elecciones venezolanas del 28 de julio de 2023, en las cuales Estados Unidos ha sido crítico de las prácticas del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y del Tribunal Supremo de Justicia, ambos considerados como controlados por el gobierno de Maduro.
