Ciudad de México.- En el marco de la ceremonia del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución, el ministro Alberto Pérez Dayán, en representación de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, subrayó la importancia de mantener al Poder Judicial alejado de la política, evitando que se convierta en un juego de pasiones.
Durante el evento, Pérez Dayán expresó su opinión en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular, enfatizando que los magistrados deben ser independientes en sus decisiones.
El ministro argumentó que un magistrado no debe representar a la opinión pública ni llevar el criterio del elector, ya que su función es radicalmente distinta a la de un representante político. Insistió en que el Poder Judicial debe mantenerse apartado de la política para evitar convertirse en un juego de pasiones, y subrayó que la militancia partidaria y la Judicatura no son afines.
La iniciativa de reforma judicial presentada por AMLO, que propone una elección popular para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. La propuesta también plantea cambios sustanciales en la duración de los cargos, la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la creación de un nuevo órgano de administración judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reaccionó a esta iniciativa recordando el Artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que delimita la división de poderes en el país. En su publicación, la SCJN enfatizó la independencia entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, subrayando su papel en garantizar esta separación.
La propuesta de AMLO busca incorporar mecanismos democráticos en la elección de jueces y magistrados, permitiendo una participación activa de la ciudadanía. Sin embargo, ha generado preocupación entre la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), quienes ven en la iniciativa una injerencia en la independencia judicial y una amenaza para los derechos humanos.
En este contexto, la JUFED argumenta que la elección de jueces mediante votación popular comprometería la calidad de las decisiones judiciales al introducir factores no relacionados con la capacidad y la experiencia legal. Consideran que esta propuesta es contraria al principio de división de poderes y a los tratados internacionales que buscan fortalecer la independencia judicial.
Para llevar a cabo la elección, se precisa que será el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) quien realizará el escrutinio y cómputo de los votos mientras que el Senado será quien realice y publique la suma y remita los resultados a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación para que resuelva las impugnaciones, califique el proceso y declare los resultados.
Finalmente, la reforma también propone sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un nuevo órgano de administración judicial dotado de “independencia y autonomía técnica y de gestión” para emitir resoluciones por separado de la Suprema Corte, así como crear un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para recibir denuncias, investigar conductas presuntamente ilegales o ilícitas y sancionar a personas servidoras públicas del Poder Judicial.
La reforma judicial propuesta por AMLO plantea cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, generando un intenso debate sobre el equilibrio entre la independencia judicial y la participación ciudadana en la elección de magistrados y jueces.
