Tijuana, Baja California.- El XXIV Ayuntamiento de Tijuana, se encuentra a la expectativa de los detalles sobre la medida ejecutiva anunciada por el gobierno de Estados Unidos para restringir los cruces irregulares en la frontera.
Enrique Lucero Vázquez, titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DMAM), advirtió que esta medida podría llevar a una sobresaturación de los albergues, que actualmente están al 60 por ciento de su capacidad.
Lucero Vázquez señaló que están esperando conocer la postura oficial del gobierno mexicano y las acciones que se tomarán para abordar esta situación. “Estamos esperando para conocer cuál es la postura del gobierno mexicano ante este anuncio y cuáles van a ser las acciones a tomar para atender esta situación”, mencionó.
Además, subrayó que esta medida no aborda el problema de fondo, ya que los migrantes seguirán llegando a Tijuana con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos, por lo que es esencial pensar en una solución integral al problema migratorio.
El director de la DMAM aclaró que la medida anunciada no implica el cierre de los puertos de entrada de San Ysidro, El Chaparral y Otay, ni afecta los 400 cruces regulares diarios gestionados a través de CBP One en esta frontera. La restricción solo se aplicaría a quienes ingresen de manera irregular, ya sea saltando el muro fronterizo, nadando por el mar en Playas de Tijuana, cruzando por la canalización del Río Tijuana o atravesando la zona montañosa del Ejido Jacume, entre otros métodos.
En los últimos años, Tijuana ha enfrentado situaciones similares, y ha demostrado una gran capacidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Esta colaboración ha permitido responder de manera humanitaria y en apego a los derechos humanos de los migrantes y refugiados que llegan a la ciudad. Con esta nueva medida en puerta, el Ayuntamiento de Tijuana y la DMAM se preparan para posibles desafíos adicionales, mientras esperan las directrices y el apoyo del gobierno federal mexicano para manejar la situación de la mejor manera posible.
Por su parte, activistas promigrantes en Tijuana, que limita con California, han rechazado la medida por considerarla “riesgosa”, “restrictiva” y porque no garantiza la disminución de cruces irregulares. Paulina Olvera Cáñez, directora de la organización Espacio Migrante, expresó a medios de comunicación que estas son “las mismas estrategias vistas desde la Administración de Donald Trump (2017-2021), como el Protocolo de Protección a Migrantes, el ‘Quédate en México’”, políticas que el presidente Biden condenó durante su campaña y prometió eliminar.
La orden ejecutiva, firmada cinco meses antes de la elección presidencial de Estados Unidos, permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2,500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días. Olvera Cáñez condenó que estas políticas no funcionan y que sólo obligan a las personas a permanecer mucho tiempo en México, exponiéndolas al peligro de crímenes como secuestros y extorsiones.
José María García Lara, director de Movimiento Juventud 2000, advirtió que esta medida “era algo que ya se veía venir” y destacó que, aunque los albergues se verán afectados por el incremento de migrantes retornados, es crucial que el Gobierno estadounidense agilice el programa ‘CBP One’ para facilitar cruces regulares. También enfatizó la necesidad de instrumentar acciones para la regularización de los migrantes.
Ambos activistas coincidieron en que esta nueva medida podría intensificar los peligros para los migrantes, forzándolos a tomar rutas más peligrosas y aumentar la dependencia de coyotes o el crimen organizado.
