En un clima de creciente tensión política, el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció la movilización irregular de algunas unidades del Ejército en la Plaza Murillo, sede del gobierno en La Paz. A través de su cuenta en la red social X, Arce instó al respeto por la democracia en el país. Esta situación ha sido respaldada por el exmandatario Evo Morales, quien advirtió sobre un posible golpe de Estado en curso, señalando al jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, como el principal instigador.
Morales, expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), convocó a los movimientos sociales a defender la democracia, llamando a una movilización nacional y un paro general indefinido que incluye el cierre de caminos en protesta contra las acciones militares. La denuncia de Morales se sustenta en la reciente destitución de Zúñiga, quien había declarado públicamente su oposición a la posible candidatura de Morales en las elecciones presidenciales de 2025. Zúñiga había expresado su descontento con la situación del país y su intención de impedir un nuevo gobierno de Morales, lo que fue percibido como una amenaza a la estabilidad democrática.
El Grupo de Puebla, un colectivo de líderes progresistas latinoamericanos, emitió un comunicado urgente tras las declaraciones de Zúñiga, condenando sus acciones y expresando preocupación por la amenaza a la democracia en Bolivia. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), también condenó enérgicamente las acciones del Ejército boliviano, enfatizando la necesidad de que las fuerzas armadas se sometan a la autoridad civil legítimamente elegida.
La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y otros miembros del gobierno de Arce, se pronunciaron desde la Casa Grande del Pueblo, denunciando un intento de golpe de Estado y la toma de la Plaza Murillo por una facción del Ejército. Prada señaló que los militares habían evacuado a las personas de la plaza y tomado posiciones estratégicas alrededor de la Asamblea Legislativa.
En medio de estas tensiones, se reportó el uso de gases lacrimógenos y balines por parte de los militares contra ciudadanos que manifestaban su apoyo al presidente Arce, coreando “Lucho, no estás solo”. Esta represión ha generado múltiples convocatorias a la población para rechazar el golpe militar en curso.
Por otro lado, el exministro de Defensa durante el gobierno de Morales, Reymi Ferreira, intentó llevar calma descartando que se trate de un golpe de Estado. Ferreira calificó las acciones de Zúñiga como un acto de prepotencia sin futuro, advirtiendo que es un peligro para la democracia pero que no prosperará.
El contexto se agrava con las recientes declaraciones de Zúñiga, quien reiteró su postura en contra de Morales y afirmó que el Ejército está en movilización y emergencia, actuando en respuesta al clamor del pueblo contra los saqueos y ultrajamientos. Zúñiga también insinuó cambios inminentes en el gabinete de gobierno.
La comunidad internacional, a través de la OEA y representantes en la reunión en Paraguay, ha expresado su solidaridad con el gobierno de Luis Arce y ha condenado cualquier acción que busque quebrantar el orden constitucional en Bolivia. La canciller Celinda Sosa y el vicepresidente David Choquehuanca han llamado a la comunidad internacional a denunciar el golpe de Estado y a defender los valores democráticos en el país.
