Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó recientemente sobre un litigio internacional con una empresa de origen chino, Ganfeng Lithium, y sus socios británicos Bacanora Lithium y Sonora Lithium Ltd., debido a la cancelación de concesiones de minas de litio en Sonora. Este conflicto se ha escalado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
Ganfeng Lithium, uno de los principales fabricantes de baterías y mineros de litio de China, y sus socios, registraron el arbitraje tras la cancelación de nueve concesiones, incluida la del yacimiento de litio en Bacadéhuachi, Sonora. Este yacimiento es considerado el sitio con mayor probabilidad de producción de litio en el país, aunque aún no ha comenzado la producción comercial. La Secretaría de Economía de México confirmó en noviembre la cancelación de estas concesiones.
López Obrador explicó que la concesión se otorgó de manera genérica, no específicamente para el litio, y que el litio fue nacionalizado durante su administración. Por ello, el gobierno mexicano considera que el reclamo de las empresas no es válido. Afirmó que México defenderá su derecho sobre el litio en los paneles internacionales y buscará un acuerdo, aunque dejó claro que cualquier participación de empresas particulares deberá subordinarse al predominio del interés nacional.
El presidente indicó que ha tratado este tema con representantes diplomáticos chinos y reafirmó su postura de que el litio debe ser de la nación. Las empresas chinas y británicas argumentan que la cancelación de las concesiones fue ilegal y se debió a un bajo nivel de inversión. Sin embargo, las empresas aseguran haber invertido decenas de millones de dólares en Sonora, incluyendo trabajos de exploración y la construcción de una planta piloto para la producción de litio.
En este contexto, Ganfeng y sus socios han defendido su posición mediante acciones legales, buscando revertir la cancelación de las concesiones. Las empresas han calificado la medida del gobierno mexicano como un “acto ilegal” y han expresado su intención de defender sus derechos a través del arbitraje internacional.
El caso refleja un choque de intereses entre la política nacionalista del gobierno mexicano, que busca controlar los recursos naturales estratégicos, y las expectativas de inversión extranjera. López Obrador ha sido claro en que, aunque está dispuesto a buscar acuerdos, cualquier asociación con empresas particulares deberá priorizar los intereses nacionales.
El litigio ante el CIADI se suma a una serie de disputas legales internacionales en las que México ha estado involucrado en los últimos años, destacando las complejidades y desafíos de la gestión de recursos naturales en un contexto globalizado. La comunidad internacional observará de cerca el desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones significativas para la política de inversiones extranjeras en el sector minero de México.
