Tijuana, Baja California.- El pasado 5 de febrero de 2024, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el “Plan C”, un conjunto de propuestas de reformas significativas al Poder Judicial Federal mexicano. Entre estas propuestas, la más controvertida ha sido la iniciativa de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular. Esta medida ha generado un intenso debate en la comunidad jurídica y entre los observadores políticos, quienes han expresado diversas preocupaciones sobre los posibles riesgos e inconvenientes de esta reforma.
Leonardo Abarca Jiménez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en Baja California, calificó esta propuesta como un gran riesgo para la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial. Actualmente, los jueces de distrito y magistrados son seleccionados mediante exámenes y concursos de oposición, un proceso que, aunque no exento de críticas, asegura que los nombramientos se basen en méritos profesionales y conocimientos jurídicos especializados. Este sistema garantiza una cierta independencia de criterio en las decisiones judiciales.
Abarca Jiménez alertó que la elección popular podría socavar este principio fundamental de independencia judicial. En lugar de ser evaluados por su competencia jurídica, los candidatos podrían verse obligados a satisfacer las preferencias políticas del electorado. Esta situación podría llevar a una politización de la justicia, donde los ministros electos estén más inclinados a tomar decisiones basadas en la popularidad o en intereses particulares, en lugar de en la interpretación objetiva de la ley.
Uno de los riesgos más significativos señalados por Abarca Jiménez es la posible influencia indebida de intereses económicos o políticos en el proceso electoral de los ministros. La necesidad de financiamiento para las campañas electorales podría abrir la puerta a la intervención de grupos de poder, e incluso de la delincuencia organizada, comprometiendo seriamente la imparcialidad y la integridad del sistema judicial.
Desde un punto de vista práctico, los temas más cruciales y controvertidos en México suelen ser decididos por la SCJN. Por ello, es esencial que los ministros posean una sólida formación jurídica y una experiencia probada en el ámbito legal. Designar a los ministros basándose únicamente en su popularidad podría resultar en una falta de preparación técnica y una menor capacidad para resolver los complejos desafíos legales que enfrenta el país.
A pesar de que la intención de promover la participación ciudadana en la elección de ministros puede parecer loable, las consecuencias de esta medida podrían ser profundamente negativas para la independencia judicial y la estabilidad del Estado de Derecho en México. La experiencia y la competencia deben seguir siendo los criterios primordiales para la selección de los integrantes del Poder Judicial, garantizando así que las decisiones judiciales sean tomadas con imparcialidad y objetividad.
Leonardo Abarca Jiménez concluyó enfatizando que mantener la independencia judicial es fundamental para preservar la confianza en el sistema judicial del país. Las reformas propuestas deben ser evaluadas cuidadosamente para asegurar que no comprometan los principios fundamentales que sustentan la justicia en México. La comunidad jurídica y los ciudadanos deben permanecer vigilantes y activos en el debate, para asegurar que cualquier cambio al sistema judicial beneficie verdaderamente a la sociedad y fortalezca el Estado de Derecho.
